Claudio Silva: “Apostamos a la lealtad comercial y combatimos el trabajo en negro”

En la segunda sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Río Gallegos, el concejal Leonardo Fuhr (Frente de Todos) presentó una iniciativa buscando incorporar a la Ordenanza Nº 2038 el artículo Nº 9 bis, generando cambios en la norma que regula las habilitaciones comerciales en la ciudad

La futura normativa establece que el municipio capitalino solicitará a los comercios el “Libre Deuda del Sindicato de Empleados de Comercio” debiendo ser tramitada ante la asociación sindical para luego realizar los trámites municipales necesarios.

Claudio Silva -secretario del Sindicato de Empleados de Comercio- brindó su mirada sobre el Proyecto de Ordenanza (actualmente en Comisiones) y explicó que se trata de una inquietud surgida en el seno del gremio.

Tiene por objetivo fomentar tres ejes principales: “La lealtad comercial”; “desalentar el empleo en negro”; y “reordenar la actividad comercial bajo las leyes”.

Antecedentes

En recientes declaraciones, Claudio Silva recordó que en diciembre último mantuvieron un encuentro con el concejal Leonardo Fuhr.

“La idea en todo momento fue trabajar mancomunadamente con la Municipalidad de Río Gallegos”; “el objetivo es generar una ordenanza que solicite -ante cualquier trámite municipal- un libre deuda del sindicato”. Se trata de los aportes que por ley el empleador debe cumplir.

“Lo que hicimos fue profundizar el espíritu de normativas vigentes en el ámbito provincial, los libres deudas son solicitados a las empresas que necesitan completar trámites y allí no se comete ninguna irregularidad”; postuló Claudio Silva.

Pero no solo Provincia cuenta con esta práctica, en el ámbito municipal también existen. Para obtener el carnet de conducir, el contribuyente debe presentar el deudor alimentario.

“No es injerencia del municipio, pero lo exige de todos modos, buscando poner un equilibrio para que se cumpla la obligación creada bajo normas. Ese es el espíritu de nuestra solicitud”, aclaró.

Contralor

Otro de los aspectos aclarados por Claudio Silva es que el proyecto de ley está muy lejos de pretender que sea la Municipalidad de Río Gallegos el órgano de contralor de la libre deuda.

“Lo que buscamos es trabajar en la misma línea y articular los recursos que tiene el Sindicato de Comercio y la Municipalidad de Río Gallegos para vigilar el cumplimiento de las normativas laborales”, resaltó.

Lealtad

Más adelante, ratificó que hoy se encuentra enfocado a recaudar sus aportes “pero, también es cierto que queremos que en Río Gallegos haya lealtad comercial”, es decir el cumplimiento de las normas vigentes.

Así hizo foco en aquellos comerciantes que “realizan todos los esfuerzos para mantenerse dentro de la ley y cumplir con cada obligación, sin embargo por diversos factores no pueden crecer”.

Y no dejó de lado que también están “aquellos que evitan cumplir con sus obligaciones (entre ellos los aportes), crecen y se desarrollan sin lealtad comercial”.

Así, para combatir la deslealtad, el Sindicato de Comercio propuso a la Municipalidad avanzar hacia una contraprestación entre el sector público y privado.

“Nosotros realizamos inspecciones y podremos cruzar nuestra base de datos con la Municipalidad de Río Gallegos”. Esta instancia evitará el “fomento del empleo en negro y el controlar el cumplimiento de las habilitaciones comerciales”.

En esa línea, alertó que en Río Gallegos han proliferado sobremanera los negocios que no cumplen con las normas vigentes a nivel municipal y provincial.

Ideas propia

Más adelante, el secretario general dejo en claro que la iniciativa “es una propuesta del Sindicato de Comercio”; “en diciembre pasado dialogamos con Leonardo Fuhr y estamos contentos que busque trabajar en esta realidad que tiene la ciudad que apunta al fomento del empleo”.

Luego rechazó aquello que dijo el sector empresario que la iniciativa fomentará el comercio clandestino. “Nosotros queremos combatir la informalidad, la ilegalidad no le sirve a los trabajadores, mucho menos al Estado”; concluyó.

Finalmente, dejó en claro que “de ninguna manera queremos extorsionar” y remarcó que el objetivo es “que se fomente el desarrollo comercial de la ciudad capital bajo el ordenamiento legal”.